Las pantomimas de un régimen falsario salen caras. Ayer se ha provocado un acelerón a la independencia y al conflicto civil entre catalanes a través de una sentencia pactada que ni resuelve el delito ni lo absuelve. Sentencia que parece diseñada para ser la peor solución: prolonga el problema renunciando al principio de autoridad del Estado e incuba el odio artificial de un pueblo que ha hecho del victimismo, causa.
El tribunal Supremo del gobierno nos coloca en un callejón sin salida adoptando la peor solución, por injusta y consensuada. Si en su ingeniería jurídica necesitaban «más violencia» para justificar el delito como «rebelión» y no como sedición, no se preocupen que la van a tener y encima han dado alas a que se produzca. Se verá, la veremos y se extenderá, pero entonces ya será muy tarde para calificarla. La Democracia tenía una oportunidad y la ha vuelto a malgastar.
Democracia cuyo poder judicial se muestra firme, esta vez sí, en el otro fallo que de una exhumación hace profanación vulnerando en base a «caso especialísimo con carácter excepcional» los derechos fundamentales de la persona, familia y libertad de culto amparados por esa ley criminal que rige la Memoria histórica.
Conclusión: el poder judicial dicta sentencias a favor del dictado del ejecutivo y, lo que es más grave, ataca y maltrata a quien puede no a quien debe. Estado cancerígeno que en su dependencia de poder arrastra a una población que ve como el principio de autoridad no existe más que para el interés particular. Es un mes que pasará a la historia como la descomposición clarividente de un secreto a voces: el de unos poderes del Estado que dependen exclusivamente del ejecutivo y éste a su vez, de un calendario electoral.
Eso es el resumen criminal de la democracia española.